Situación de la población migrante de Venezuela en Latinoamérica y el Caribe

Compartimos el pronunciamiento del Servicio Jesuita a Refugiados en Latinoamérica y el Caribe entorno a la actual situación de la población migrante venezolana, que vive hoy uno de los momentos más difíciles de su historia reciente a nivel político, económico y social.


Venezuela vive hoy uno de los momentos más difíciles de su historia reciente tanto a nivel político, económico como social. Esta situación ha provocado una crisis generalizada que cuestiona la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales, tanto de los derechos civiles y políticos, como de los económicos y sociales de la población que allí reside. El Servicio Jesuita a Refugiados

Dicha coyuntura ha llevado a que un sin número de personas migren forzosamente a otros lugares del mundo, circunstancias que exponen a mujeres y hombres de todas las edades, en especial, a niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNJA), a difíciles situaciones.
En Latinoamérica el flujo migratorio de personas con nacionalidad venezolana ha tenido como principales destinos: Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y México, República Dominicana y Costa Rica, entre otros.

Por ejemplo, en México, según datos de la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) en el 2014 se presentaron 56 solicitudes de refugio, para el año 2016 paso a 361, y entre enero y marzo de 2017 a 405 solicitudes; Colombia, según un estudio realizado por Migración Colombia con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para junio de 2017 se calculaba un total de 300.748 venezolanos en el país. Situación que ha provocado la implementación la Tarjeta Migratoria Fronteriza (TMF) y el Permiso Especial de Permanencia (PEP) por parte del gobierno colombiano.

En Ecuador, aunque al día no se conocen cifras actuales oficiales, según registros Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en el 2016 ingresaron a ese país 102.619 personas de nacionalidad venezolana, un aumento significativo en comparación con años anteriores (año 2012/27.459; año 2013/64.479; año 2014/88.196 y 2015/77.760, respectivamente). En Perú, debido a la creciente afluencia de esta población a este país, el 3 de enero de 2017, expidió a través del el Ministerio del Interior el Decreto Supremo N° 002-2017-IN5, mediante el cual se establece lineamientos para facilitar la regularización migratoria de ciudadanos/as venezolanos/as, a través del otorgamiento de un carné de Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Dicho decreto entró en vigencia el 2 de febrero y el plazo para presentación de solicitudes concluyó el 2 de agosto de 2017.

Si bien, los Estados han implementado acciones para mitigar la situación, estas se han visto limitadas dada la poca o nula accesibilidad y difusión pública de datos migratorios actualizados o de información para la población migrante y en busca de refugio, lo que se traduce en invisibilización de la verdadera magnitud de la problemática, evidenciando graves situaciones que requieren la respuesta oportuna y coordinada de las instituciones públicas con el apoyo de la sociedad civil para enfrentar las eventuales dificultades en la protección de los derechos de las personas venezolanas en situación de movilidad humana en la región.

Algunas de las problemáticas que se derivan de este contexto están relacionadas a dificultades en el acceso a derechos como la salud y educación para NNJA, explotación laboral, falta de garantías y del debido proceso a todas aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad de protección internacional, así como actitudes de discriminación o xenofobia en los lugares de tránsito o de destino entre otras.

Por lo anterior, las oficinas del SJR de Colombia, Venezuela, Ecuador, México, y de Latinoamérica y el Caribe de manera conjunta, exhortan a los Estados de la región a hacer un seguimiento más cercano, revisar y mejorar de manera urgente las acciones de respuesta que se están implementando con el fin de que estas respondan de manera integral, oportuna y con enfoque de derechos, según lo establecido por los instrumentos internacionales y especialmente por la Declaración de Cartagena, las cuales buscan el justo y digno trato a esta población que sufre circunstancias difíciles y que requiere tanto apoyo como garantías de respeto de todos sus derechos; y animamos a la sociedad civil para que promueva y actúe en solidaridad y hospitalidad con aquellas personas que llegan en busca de apoyo y refugio.

Para descargar el pronunciamiento del SJR-LAC haga clic aquí.